La Nueva Ley Orgánica del Trabajo: Principales Modificaciones

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Carácter Orgánico de la nueva “Ley Orgánica del Trabajo”. Nueva jurisprudencia

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia nº 562 de 04-05-12, declaró la  constitucionalidad del carácter orgánico de la nueva “Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las Trabajadoras”, dictada por el Presidente de la República, en usos de sus poderes extraordinarios para legislar. La nueva Ley laboral a la que, además, se le cambia su denominación, entrará en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial.

Igualmente, la Sala Constitucional del TSJ, mediante Sentencia Nº 561 de 04-05-12, declaró la constitucionalidad del carácter orgánico  de la nueva  “Ley Orgánica relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y al Fondo de Ahorro Popular”. Dicha Ley entró en vigencia al ser publicada en la Gaceta Oficial nº 39.915 de fecha 04-05-12. Es decir, que el mismo día, salió publicada la sentencia y publicada la Ley en la Gaceta Oficial. Este “Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera”, será el instrumento operativo para manejar el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores de la administración pública.

En estas decisiones, la Sala Constitucional reconoce que las Leyes Orgánicas tienen un carácter especial y se consideran “leyes reforzadas”, las cuales, según la Sala, “requieren de mayores niveles de discusión, participación, deliberación y consensos, así como de mayor estabilidad y permanencia en el tiempo”. Sin embargo, el contenido del proyecto de reforma de la “Ley Orgánica del Trabajo” se manejó como un misterio, y solo se tendrá absoluta certeza de su contenido cuando salga publicada en la Gaceta Oficial. Se conoce, informalmente, que la reforma toca, particularmente, al régimen de cálculo de las prestaciones sociales y a la duración de la jornada laboral.

En Gaceta Oficial Aumento del Salario Mínimo

Fue publicado en la Gaceta Oficial N° 39.908 del 24 de abril de 2012, el decreto de aumento del treinta por ciento (30%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, para los trabajadores de los  sectores público y privado.

Incertidumbre por aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

La creación de un “Fondo Público de Prestaciones Sociales” administrado por el Estado, está generando mucha preocupación desde diferentes perspectivas. La principal y más inmediata es la relacionada con la seguridad y garantía en la administración de los recursos depositados; con la protección de los ahorros provenientes de las prestaciones sociales de los trabajadores y que estos no corran riesgo alguno al ser depositados en la nueva institución pública.

Pero otro aspecto no menos delicado y más técnico, tiene que ver con la naturaleza jurídica de la obligación de depositar los montos correspondientes  a las prestaciones sociales, en la nueva institución pública que se crea en la ley. Esta obligación de depositar constituye una verdadera prestación forzosa pecuniaria no tributaria, que se inscribe dentro de la actividad de coacción de la Administración. En términos más sencillos, se puede decir, que, esta obligación de depositar las prestaciones sociales constituye una forzosa contribución parafiscal no tributaria y es una obligación de dar en forma de una prestación pecuniaria forzosa, que cada trabajador debe aportar al Estado de sus prestaciones sociales. Claro, con el compromiso del Estado que se compromete a guardar y devolver las prestaciones, pero sin que el trabajador contribuidor tenga ninguna garantía especial de la integridad y seguridad de sus recursos. Ya que, no existe en Venezuela un régimen jurídico uniforme de Derecho administrativo para el manejo de este tipo de contribuciones forzosas no tributarias, que  proteja y garantice la integridad y devolución oportuna de las prestaciones sociales depositadas.

Estos montos correspondientes a las prestaciones sociales una vez depositados en la institución pública, el llamado “Fondo de Prestaciones Sociales”, dejan de ser dinero privado y se transforman en dinero público y constituyen un ingreso público sometido a las reglas de Derecho público financiero; y por lo tanto, su disponibilidad y devolución dependerá de la discrecionalidad de la Administración, como en otras tantas situaciones similares y parecidas. Por lo que, el trabajador no podrá tener acceso tan fácilmente ni de manera expedita a sus prestaciones sociales una vez terminada la relación laboral, o cuando quiera disponer de ellas por otros motivos, sino que tendrá que seguir un calvario burocrático, lento y engorroso para que le devuelvan su dinero.

La creación de este tipo de prestaciones administrativas forzosas pecuniarias no tributarias, forma parte de una tendencia de la política financiera de la actual Administración.

SOLUCIONA INTEGRAL