En fecha 26 de diciembre de 2011, se publicó  el Decreto Presidencial sobre la Inamovilidad Laboral vigente hasta el 31 de diciembre de 2012,  Al respecto, nos encontramos que el mencionado decreto se diferencia de los anteriores decretos sobre la inamovilidad, en cuanto que:

a) Se excluyó la limitante de los tres (3) salarios mínimos como requisito para el amparo de la inamovilidad, es decir,  a partir del mencionado Decreto todo trabajador que se encuentre dentro de los supuestos del artículo 6 antes transcrito, gozará  de inamovilidad laboral, independientemente de su salario.

b) Se indica con exactitud el lapso que tiene el trabajador de amparase ante la Inspectoría del Trabajo, es decir, gozará de 30 días continuos para solicitar su reenganche y pago de sus salarios caídos, quedando sin efecto los cinco (5) días hábiles determinados por la Ley.

c) El mencionado Decreto establece la posibilidad de solicitar medida preventiva que puede otorgar la Inspectoría, a favor del trabajador cuando exista el temor fundado de que se ocasionen daños a él o a su familia, pudiendo ordenar  la reincorporación o la restitución de la situación jurídica infringida por el tiempo que dure el procedimiento, así como el restablecimiento pleno del salario devengado y demás beneficios previstos en la Ley.

d) Estas disposiciones conllevan a nuevas interrogantes, las cuales deberán ser aclaradas posteriormente por los órganos competentes, así pues nos encontramos entre otras, que, todos los trabajadores independientemente de su salario deberán ser calificados ante las Inspectorías del Trabajo correspondientes  y no a través de los tribunales laborales en los casos de los trabajadores despedidos con más de tres (3) salarios mínimos. Entendemos, por el texto del Decreto, que todos los casos serán resueltos en las Inspectorías y ningún caso de estabilidad será ventilado ante la jurisdicción laboral.

e) Otra interrogante que nos planteamos es la relacionada con las causales para la solicitud de la medida preventiva a favor del trabajador, si bien, se establece que quien la solicita debe presentar pruebas suficientes que demuestren dicho temor, el artículo al que refiere del Reglamento de la Ley, en nuestro criterio, es una norma basada en la interpretación, la cual, podrá ser aplicada de forma indiscriminada, obligando al patrono en todos los casos a reenganchar al trabajador por el tiempo que dure el procedimiento, que como bien sabemos, se tratan de procedimientos sumamente dilatorios.

f) En relación a las excepciones, se mantiene la exclusión de los trabajadores de dirección, confianza, ocasionales o eventuales. Es necesario advertir, que esta calificación se establece única y exclusivamente según las funciones que realiza el trabajador dentro de la empresa.

g) En relación a los contratos, se mantiene la exclusión para los trabajadores que han suscrito contratos a tiempo determinado o para una obra o tarea determinada, sin embargo, se señala que gozará de dicha estabilidad mientras dure el lapso para el cual fue contratado, condición que dejaría sin efecto las causas de terminación de dichos contratos antes de su vencimiento las cuales se establecen bilateralmente en su contenido, obligando de esta manera al patrono, independientemente que existan causas justificadas para rescindir del mismo, a mantener la relación hasta su término, esto debe aplicarse igualmente en los contratos suscritos para una obra o labor determinada.

En atención al mencionado Decreto, se hace necesario, no solo la aplicación de contratos de esta naturaleza, sino que se determine el lapso prudencial de duración del mismo. Igual medida deberá tomarse para los trabajadores contratados para una labor u obra determinada, en la cual, deberá especificarse en forma detallada en los contratos escritos y sin lugar a confusión, la fecha de terminación de la misma; y en los casos de contrataciones para una tarea o labor específica dentro de un contrato de obra debe señalarse el término de dicha labor independientemente de la conclusión total de la obra.

Estas disposiciones  señaladas en el Decreto bajo estudio obliga a las Empresas a ser cautelosas al momento de contratar a su personal y analizar bajo que figura se hará efectiva la relación laboral.

Por último, el Decreto mantiene las sanciones al patrono que desacate la orden de reenganche definitivamente firme, es por lo que, deberá observarse todas y cada una de las disposiciones establecidas en el mismo a los fines de evitar la imposición de las mismas

 Iraida Agüero Berardinelli.

Abogado.